¿Por qué aumentan los daños por inundaciones?
“El clima mediterráneo presenta desde siempre sequías recurrentes y lluvias torrenciales, pero en las últimas décadas los daños por inundaciones se están disparando“. Esta afirmación viene recogida en un trabajo fechado el 1 de noviembre de la Fundación Nueva Cultura del Agua, al que ha tenido acceso Público.
El documento se ha elaborado tras la DANA que ha azotado la Comunidad Valenciana y se titula ¿Por qué están aumentando los daños por inundaciones? Recoge ocho causas o factores y después, aporta ocho ideas a modo de propuestas. Estas son.
Los expertos puntualizan en el trabajo: “Antes de compartir nuestras reflexiones sobre algunos aspectos relacionados con la gestión del riesgo de inundación queremos manifestar nuestra empatía y solidaridad con toda la población damnificada”.
Causas y factores
Para la Fundación Nueva Cultura del Agua, el asunto fundamental que contextualiza toda la problemática es la crisis climática. Está, exponen, provocada por el “incremento de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, como consecuencia principalmente del uso masivo de combustibles fósiles que acompaña a la industrialización, implica una subida de las temperaturas medias del aire y los mares y conlleva una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como las sequías y las lluvias torrenciales: la cuenca del Mediterráneo es especialmente sensible a estos cambios”.
A continuación, los expertos analizan que “la evacuación de los caudales generados por las precipitaciones intensas se ve dificultada por los varios factores, entre los que están, por un lado, la ocupación de zonas inundables por viviendas e infraestructuras”.
Esto, a juicio de la fundación, “incrementa la exposición al riesgo de la población y los bienes allí asentados, al tiempo que reduce el espacio por el que de forma natural habría de circular el agua”.
“A pesar de disponer de mapas de inundabilidad —se lee en el documento— y de abundante normativa se mantiene la ocupación de dichas zonas e incluso se sigue construyendo en ellas”.
Para la fundación la proliferación de “espacios agrarios cada vez más intensivos y sin prácticas de conservación” es otro de los elementos que explican por qué el agua hace más daño.
Así lo explican: “La agricultura industrial y la expansión de regadíos intensivos están incrementando la escorrentía y el arrastre de sedimentos, por la práctica general de mantener los suelos desnudos, sin la protección de la cubierta vegetal, y en ausencia de prácticas de conservación. Se incrementan los daños aguas abajo porque el agua llega en menos tiempo, en mayor cantidad y cargada con más sedimentos”.
El modo de expansión de los espacios urbanos también tiene una influencia: “La hasta ahora imparable impermeabilización del suelo, por expansión urbanística y proliferación de infraestructuras, reduce la infiltración e incrementa drásticamente el volumen y la velocidad de circulación superficial del agua y, con ello, los daños”.
Por otro lado, la fundación señala que “las nuevas infraestructuras de transporte (autovías, líneas ferroviarias, rotondas…) desorganizan el drenaje natural“. Crean “barreras que alteran la red de drenaje y desvían los flujos de agua hacia zonas hasta entonces libres de inundaciones”.
Añaden los expertos que “las obras de defensa frente a inundaciones, como dragados, motas, diques, cortes de meandros y encauzamientos crean una falsa seguridad que favorece una mayor ocupación de las zonas inundables, aumentando la exposición al riesgo”.
Además, estas infraestructuras “aumentan la velocidad del agua y su capacidad de destrucción aguas abajo”. “Los encauzamientos de barrancos que permitieron la expansión urbana de los pueblos de l’Horta Sud y el posible efecto barrera del dique sur del nuevo cauce del Turia que limita el espacio de inundación natural de la rambla de Poio, son ejemplos dramáticos de este fenómeno”, recoge el documento.
Para la Fundación Nueva Cultura del Agua, hay además elementos culturales, ideológicos si se quiere que impiden una mejor gestión. Así, exponen que los “sistemas institucionales de alerta e intervención” son “limitados o de funcionamiento deficiente”.
“En muchos casos —se lee en el trabajo— no es un problema de falta de información y capacitación (hay planes de emergencia, sistemas de alerta, etc., por supuesto mejorables), sino de una cultura política que prefiere minimizar los problemas en lugar de trasladar a la población la gravedad de los mismos”.
Otro de los factores que tienen que ver con la sensibilidad es, a juicio de estos expertos, la “carencia generalizada de una cultura de gestión del riesgo: una forma de pensar que no ha interiorizado el principio de precaución para la gestión de la incertidumbre y antepone sistemáticamente el beneficio económico privado a la seguridad de la ciudadanía, retrasando la adopción de medidas”.
Ideas y propuestas
Además de enumerar las carencias, para cada una de ellas, la fundación expone una posible solución. Así, los expertos se plantean la siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer para reducir los daños por inundaciones? Estas son sus propuestas.
Por un lado y como clave de bóveda, plantean “una política eficaz de adaptación y mitigación al cambio climático“. “Los efectos del cambio climático son ya inevitables. Debemos actuar de manera urgente para adaptar nuestro estilo de vida a la nueva situación y reducir al mismo tiempo las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Algunas actuaciones de adaptación (y mitigación) son costosas y su realización conlleva tiempo, pero es urgente comenzarlas”, aseguran.
Como elementos más mundanos, menos filosóficos, la fundación plantea “respetar las zonas inundables”, “eliminar las viviendas e infraestructuras en zonas de alto riesgo”, “devolver espacio a los ríos”, “implantar medidas naturales de retención de agua en los espacios agrarios”, y “sistemas de drenaje urbano sostenible”.
Así, la fundación plantea que las Comunidades autónomas y los ayuntamientos elaboren planes de ordenación del territorio y urbanísticos que “incorporen la reducción de la ocupación existente de las zonas inundables identificadas en los mapas de riesgo ya disponibles”.
También urgen a “realizar un censo de viviendas y equipamientos en zonas de riesgo elevado o de gran vulnerabilidad social (colegios, centros sanitarios, residencias de mayores, grupos poblacionales desfavorecidos). Las reparaciones tras una inundación deben priorizarse con criterios sociales, atendiendo a las necesidades básicas de los más vulnerables. Pero también deben realizarse con una perspectiva que minimice los riesgos y reduzca la probabilidad de nuevos daños”.
Así, exponen, “no se deberían otorgar ayudas a la reconstrucción de viviendas en zonas inundables, sino procurar su reubicación en zonas seguras, como se realizó por ejemplo con la población de Gavarda tras la rotura de la presa de Tous en 1982. El momento de la reconstrucción es también el de la oportunidad de hacer mejor las cosas, corrigiendo errores del pasado”.
El territorio fluvial, constituido por el propio río y los espacios inundables adyacentes, analiza la fundación, “actúa como zona de expansión de las crecidas, protegiendo las áreas urbanas aguas abajo”. Por ello, consideran, “no puede haber mejor seguro para una población ribereña que sustituir un fenómeno adverso, la avenida, por otro menos dañino, el desbordamiento, en áreas adecuadas”.
La fundación razona que un cambio de cultura es imprescindible para poder afrontar los riesgos. “Ante la incertidumbre insuperable asociada a los modelos y técnicas de predicción es necesario desarrollar e incorporar a la toma de decisiones una cultura de la precaución”.
Así, consideran, debe existir un “refuerzo y mejora de la coordinación de los recursos y mecanismos institucionales de respuesta rápida en emergencias por eventos extremos, con el fin de mejorar la agilidad y eficacia de los sistemas, pero también para acotar la discrecionalidad de las decisiones”.
“Como se ha visto en las inundaciones de octubre de 2024, el retraso en la comunicación del riesgo y el lanzamiento de alertas por parte de la Generalitat puede haber contribuido sensiblemente al incremento del número de víctimas. Con la misma información disponible otras instituciones como la Universitat de València, alertaron con mayor antelación, reduciendo la exposición al riesgo de estudiantes y personal”, se lee en el trabajo.
Por último, la fundación asegura que es necesario “impulsar una estrategia de educación y comunicación social sobre la necesidad de una gestión adaptativa frente a las inundaciones”.
“Necesitamos educar en la gestión de la incertidumbre y del riesgo, contando con los habitantes ribereños y desarrollando programas de educación, comunicación social y de capacitación. Sólo una sociedad bien informada apoyará una gestión adecuada de los territorios fluviales y estará mejor preparada para abordar la adaptación al cambio climático y reducir los daños personales en situaciones de emergencia”, remachan.