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Trump, sin ataduras | Público



“Hoy será recordado como el día que los estadounidenses retomen el control de su país”, afirmó Donald Trump en la madrugada de este pasado miércoles tras vencer con rotundidad en las elecciones presidenciales de Estados Unidos a Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata. Tras su triunfo, que anunció él mismo antes de que los resultados fueran oficiales, Trump también proclamó el inicio de “una era dorada” para Estados Unidos y prometió “arreglar lo que está mal en el país”.

Trump va a contar con un poder casi absoluto para cumplir con ese objetivo de “arreglar el país”. Además del poder ejecutivo, el presidente electo de Estados Unidos también va a gozar de una mayoría republicana en el Senado después de cuatro años de control de los Demócratas: los Republicanos ya suman al menos 52 senadores de los 100 que conforman la Cámara Alta, pero pueden ser más. Todo apunta a que esa mayoría absoluta se va a replicar en la Cámara de Representantes, donde el avance del escrutinio pone a los Republicanos cada vez más cerca de los 218 escaños que marcan la mayoría absoluta. 

Con el poder legislativo en el bolsillo, Trump tampoco va a tener que preocuparse en exceso por el poder judicial. La complicidad del Tribunal Supremo, claramente dominado por jueces conservadores, tres de ellos nombrados por el propio Trump, supone todo un alivio para un presidente que ya sido condenado por  abuso sexual y que tiene otros frentes judiciales abiertos, entre ellos el juicio pendiente por el asalto al Capitolio en enero de 2021. Un juicio que posiblemente no llegue a celebrarse mientras él sea presidente.

Trump ya hizo historia en su momento al convertirse en el primer expresidente en ser imputado penalmente, por varios casos, entre ellos el del asalto al Capitolio. Pero como presidente ahora tendrá potestad para ordenar al Departamento de Justicia que cierre las investigaciones en su contra. Podría incluso darse el caso de que Trump se indultara a sí mismo. Lo que sí se da por seguro es que indultará a los condenados por el asalto al Capitolio que él mismo alentó, en un golpe nunca visto a la democracia estadounidense.

El mandato de Trump no será una dictadura (aunque muchas personas que trabajaron con él en su primer mandato aseguran que no volverían a hacerlo por su carácter intransigente y autoritario), pero tendrá mucho poder, más del deseable. Su segundo mandato estará marcado previsiblemente por sus ansias de revancha y por su empeño en dejar una impronta, un legado con el que vaya a ser recordado. Y eso, en alguien a quien tanto sus oponentes como algunos de sus colaboradores han calificado de “fascista”, resulta muy inquietante: Trump no se presenta como un adalid de la democracia; es más, no cree mucho en ella. Él mismo dijo hace meses que si resultaba elegido iba a comportarse “un dictador pero solo el día 1”

Sin ataduras, con poder casi omnímodo y con el camino bastante despejado, Trump encontrará facilidades para poner en marcha las medidas que ha ido anunciando en la larga campaña electoral: deportación masiva de migrantes, el negacionismo climático, medidas contra el derecho al aborto y contra la mujer, la apuesta por el proteccionismo económico a ultranza, apoyo sin fisuras a la industria de los combustibles fósiles y una política arancelaria cuyas consecuencias se van a notar en todo el mundo son algunas de las propuestas que impulsará desde la Casa Blanca.

Todas esas medidas —y algunas más— se articulan en torno al Proyecto 2025, un documento que propone políticas conservadoras y de derecha dura para transformar el Gobierno federal de Estados Unidos y consolidar el poder ejecutivo con la llegada de Trump al poder.

Elaborado por el centro de políticas públicas de corte ultraconservador The Heritage Foundation, el Proyecto 2025 es una especie de manual de instrucciones para que la derecha conserve el poder una vez que ha accedido a él. Trump no ha suscrito el documento como tal, pero su conexión con el Proyecto 2025 es más que evidente. Ejemplo de ello es que el documento propone despojar a los empleados del Gobierno de la protección laboral para que puedan ser reemplazados por políticos leales a Trump y que su legado perdure más allá de su mandato.

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