El caso de Luz Leticia, víctima de los escuadrones de la muerte en Guatemala, llega a la UE en busca de justicia
Mirtala Hernández (Ciudad de Guatemala, 1965) acaba de regresar de Bruselas donde ha dado a conocer en el Parlamento Europeo la impunidad en torno al caso de su hermana, Luz Leticia, desaparecida en 1982 en el contexto del conflicto armado y de violencia institucional en Guatemala (1960-1996). 42 años después, aún no se han encontrado los restos de la joven disidente, perteneciente al pueblo maya Ixil.
Los pueblo mayas fueron considerados enemigos del Estado durante los 36 años que duró el conflicto armado en Guatemala, en el contexto de la guerra fría global entre el bloque capitalista y el bloque soviético. Los sucesivos gobiernos militares y dictatoriales en el país centroamericano desde 1960 y hasta la firma de los acuerdos de paz, en 1996, fueron responsables de 200.000 asesinatos de la población civil y de las comunidades indígenas, siendo el pueblo Ixil uno de los más castigados; 45.000 desapariciones y múltiples casos de violencia sexual contra las mujeres, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH).
“En Guatemala siempre hemos vivido en un Estado feudal. La inmensidad de la población ha trabajado de sol a sol en tierras que no eran suyas. Los movimientos revolucionarios a favor de los oprimidos reclamaron mejoras para los campesinos y los militares arrasaron con esos campesinos a los que consideraron gente subversiva”, dice Mirtala en una conversación telefónica con Público desde Madrid, a su regreso de la capital belga y antes de regresar a su país.
Luz Leticia Hernández, de 25 años, desapareció en Ciudad de Guatemala el 21 de noviembre de 1982, bajo la dictadura de Efraín Ríos Montt, que llegó al poder por un golpe de Estado perpetrado en marzo de ese mismo año. En agosto de 1983 otro golpe de Estado le depuso. Ríos Montt fue el dictador más sanguinario de Guatemala; en los pocos meses en los que estuvo en el poder más de 10.000 personas fueron asesinadas.
Trabas judiciales
Una de las víctimas fue Luz Leticia, cuya desaparición por parte de un escuadrón de la muerte [grupo armado militar, policial o paramilitar responsable de la desaparición forzada de un grupo de personas en el contexto de una dictadura militar] sigue impune, y aunque el juicio contra los responsables arrancó el año pasado, las escaramuzas judiciales han paralizado varias veces el proceso.
“Mi familia comenzó a reclamar una investigación judicial al Ministerio Fiscal a principios de la década de los 2000 y sucesivamente nuestra denuncia fue desestimada. Incluso nos dijeron que la rechazaban por errores de ortografía. Nos han ido cambiando jueces hasta en siete ocasiones”, denuncia Mirtala, que está acompañada en esta campaña por la ONG Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
En el juicio por la desaparición de Luz Leticia se está juzgando al excomandante de la Policía Juan Francisco Cifuentes. En estos momentos, el juicio está paralizado porque la defensa de Cifuentes ha recurrido por considerar que la jueza no es imparcial.
Efraín Ríos Montt falleció en 2018. En 2013 fue juzgado y condenado por el genocidio del pueblo maya Ixil a 50 años de prisión, pero pocos días después la sentencia fue anulada alegando el tribunal un tecnicismo.
Para el nuevo juicio, en 2017, el exdictador ya había sido diagnosticado de demencia y el procedimiento fue una farsa. Tras su muerte, poco después, todas las denuncias en su contra se frenaron.
Secuestrar al sobrino del dictador
Luz Leticia Hernández, contable del Banco del Ejército, perteneció a una guerrilla llamada Nuestro Movimiento. En 1982, la lideresa del grupo fue detenida y la organización decidió secuestrar al sobrino del dictador Ríos Montt para intercambiarlo.
“Tras 40 días, las fuerzas de seguridad dan con la casa donde está el sobrino secuestrado. Allí está mi hermana y otras tres personas más”, cuenta Mirtala. Luz Leticia fue la única desaparecida, el resto fue juzgado. No saber nada de ella durante estos 42 años, no conocer cómo fue asesinada, qué hicieron con sus restos supone para la familia “un sufrimiento añadido. Ninguno de los responsables ha querido develar dónde la enterraron”, clama Mirtala.
Esta activista explica que “todo lo que hemos ido sabiendo del caso de mi hermana ha sido gracias a nuestra propia labor de investigación. Por ejemplo, mi hermana Marta ha investigado en los archivos policiales. Allí están documentadas las órdenes y los nombres de los mandos del Ejército”.
El acceso a la Justicia es “solo para ricos”, denuncia esta guatemalteca, que se ha reunido con colectivos de memoria histórica españoles y expresos del franquismo para compartir experiencias de impunidad.
“Mi familia tuvo que pagar a un abogado para iniciar el procedimiento porque el Estado no facilita la Justicia”, dice, y destaca que también existen “bufetes indígenas” en Guatemala, que trabajan altruistamente a favor de las comunidades mayas.
El peligro de la impunidad es lo que ha transmitido Mirtala en el Parlamento Europeo y en los consulados donde la ha llevado esta gira europea junto a la ONG PBI. “Queremos que la UE conozca lo que está pasando en Guatemala con los procesos judiciales contra los responsables de la represión. Sigue la impunidad”.
Además de la resolución del caso de su hermana, la familia lucha para crear un museo que cuente la historia de la represión en Guatemala. “Queremos que se haga el museo en una base militar de la capital, pero la derecha es intransigente con esto”.
